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Como era previsible, y a pesar de las protestas y movilizaciones, la Ley Sinde ha superado hoy su último trámite parlamentario con su votación en el Congreso.
Con los 323 votos a favor de PSOE, PP y CiU, una abstención, y los 19 votos en contra de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, quedaba aprobada a eso de las nueve de la noche, pendiente ahora sólo del desarrollo del reglamento que definirá su funcionamiento.
En concreto, para el cierre de webs, será la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, formada «por tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Hacienda nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera», la que actúe conforme a este reglamento por definir.
El PP ha intentado justificar su cambio de opinión aduciendo que con las modificaciones introducidas en la Ley Sinde tras su rechazo en el Senado el pasado mes de diciembre se asegura la tutela judicial del proceso con la intervención de los jueces en dos ocasiones, pero en opinión de muchos abogados, esto no es más que un poco de maquillaje.
Citando a David Bravo, hablando en un encuentro digital en EcoDiario sobre el texto pactado por los tres partidos y aprobado esta noche: «En el procedimiento se limita expresamente al juez la posibilidad de decidir si existe o no la infracción denunciada y la pertinencia de la medida de cierre de la web. Estas dos cuestiones, que son las esenciales, las decide la Administración.»
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