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La magistrada Purificación Pujol, titular del juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid, ha dado la razón al G-6: Villarreal, Sevilla, Real Sociedad, Athletic, Zaragoza y Espanyol. De esta forma, el Juzgado "decide que debe permanecer inalterado el calendario oficial de la Liga en Primera y Segunda Divisiones para la próxima Jornada", según confirmó el Tribunal.
Como ya sabréis, el punto de desacuerdo está en los partidos en abierto por televisión, inviables a corto plazo.
Pero lo interesante viene ahora. Semanalmente, intentamos escoger la mejor columna de opinión de la red, y esta semana nos quedamos con la publicada, hoy mismo, en ecodiario.es. No se la pierdan, está escrita antes del fallo de la jueza:
"Marcha atrás. Lo que la mayoría del fútbol español intuía se ha cumplido: este fin de semana no habrá parón patronal ni en Primera ni en Segunda División. Se juega. Los dirigentes de los clubes han decidido recular en sus amenazas y, pase lo que pase en los juzgados, cancelarán la suspensión de la 30ª jornada del campeonato. El caos que organizaría la medida, el rechazo de un núcleo importante de miembros de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y las conversaciones con el Gobierno se esconderían detrás de este nuevo giro en un caso creado para suprimir la obligatoriedad de la retransmisión de partidos en abierto en el campeonato regular.
La decisión se fraguó a lo largo del martes cuando José Luis Astiazarán, presidente de la LFP, y su mano derecha en el organismo, Javier Tebas, habrían decidido poner freno a sus propias reivindicaciones, pese a la rotundidad de las declaraciones realizadas por ambos en los últimos días...
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Una "aberración"
El motivo de esta nueva posutra radica en que la huelga es inútil, legal y políticamente hablando. Así se lo ha hecho ver, por enésima vez, el Secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, en una reunión mantenida a primera hora de la tarde entre Consejo Superior de Deportes (CSD) y LFP.
Esto es: cambiar la Ley de retransmisiones deportivas, la famosa 'Ley Cascos' que impone los partidos en abierto por el 'interés general', es inviable en el corto plazo.
Los trámites parlamentarios que un proceso así requiere tardarían meses en producirse. La alternativa, un decreto ley que modificase la norma por la vía de urgencia, es "implanteable, simplemente ridículo", afirman fuentes de la negociación.
Ni Gobierno, ni oposición aspiran a dedicar ni un minuto a plegarse ante las coacciones de un grupo privilegiado de dirigentes que deben al Estado casi 700 millones de euros."
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